Funcionarios adscritos a la UCRIF de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras ha procedido a la detención de seis perdonas de origen español y sudamericano de entre 27 y 42 años, imputándole un delito contra el derecho de los trabajadores y otro de pertenencia a grupo criminal.
Los investigados captarían a inmigrantes que carecen de permiso de residencia y trabajo en España y los explotarían para realizar entregas de reparto de paquetería en Alicante y Murcia.
Los detenidos se habrían aprovechado de las condiciones de necesidad de los inmigrantes en situación irregular para someterles a determinadas condiciones laborales o de la Seguridad Social contrapuesta a los derechos de los trabajadores, como por ejemplo obligarles a trabajar 60 horas semanales por sueldos que oscilan los 300-400 euros mensuales.
Utilizaban el engaño, ocultando o manipulando la realidad de las condiciones en las que van a trabajar para incentivar a la aceptación por error de los trabajadores de dicha oferta de trabajo.
Entre las condiciones abusivas encontramos jornadas de 12 horas sin descanso en las que las víctimas eran obligadas a repartir a pie o en vehículo, en ocasiones careciendo de carnet de conducir o bien no homologado en España, incumplimiento de condiciones laborales pactadas en un principio que finalmente no se respetaban, impago de salarios o parte de ellos o no ser dados de alta en la Tesorería de la Seguridad Social o hacerles contrato laboral.
Los miembros del grupo criminal aprovechaban que los explotados se encuentran en una clara indefensión al carecer de permiso de residencia y trabajo, así como de alta en la Seguridad Social, aspectos que dificultarían su intención de denunciar los hechos
Los detenidos formaban un grupo claramente organizado y jerarquizado con un reparto de roles como podría ser; primeramente los directivos o administradores de la empresa, otros se encargaban de la captación de las víctimas, lo que harían por anuncios en portales de internet o a través del boca a boca, a continuación una de las detenidas era la que gestionaba directamente con los trabajadores las rutas y reparto de vehículos a sabiendas de que no tenían permiso de conducir y por último la responsable del pago de salarios que como ya se ha mencionado, venía siendo parcial o inexistente utilizando para ello múltiples excusas.
Los investigadores tendrían indicios de que esta organización delictiva estaría aprovechándose de ciudadanos inmigrantes desde hace más de un año, llegando a contabilizar un total de trece perjudicados.
