La Policía Nacional ha detenido en Elche (Alicante) al propietario de una empresa de instalación de toldos por su presunta participación en un delito contra los derechos de los trabajadores. El detenido, un hombre español de 42 años, había contratado ilegalmente a tres personas, dos de ellas en situación irregular y sin contrato laboral, mientras que un tercer trabajador carecía de permiso para trabajar, aunque residía legalmente en España.
La investigación comenzó tras un control rutinario de seguridad ciudadana en el que una patrulla de la Policía Nacional detuvo un furgón de trabajo. Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron a dos varones que afirmaron ser empleados de la empresa de toldos. Sin embargo, tras las comprobaciones pertinentes, se descubrió que uno de los hombres no tenía permiso de trabajo ni contrato laboral, lo que levantó sospechas sobre la legalidad de su contratación.
La información obtenida durante el control fue trasladada a la Unidad de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Elche, que abrió una investigación más profunda sobre la estructura de la empresa y sus trabajadores. Como resultado, se organizó una inspección en las instalaciones de la empresa, en colaboración con la Inspección de Trabajo.
Durante la inspección, se encontraron a tres empleados en situación irregular. Dos de ellos eran ciudadanos extranjeros sin contrato ni alta en la Seguridad Social, y uno de ellos no tenía permiso de trabajo. El tercer trabajador, aunque residía legalmente en España, tampoco contaba con la autorización necesaria para ejercer su labor. Ante esta situación, la Inspección de Trabajo inició un expediente sancionador contra la empresa por incumplimiento de la legislación laboral.
Uno de los trabajadores reveló que, en las dos semanas que llevaba prestando servicios para la empresa, no había acordado un sueldo con su empleador, lo que evidencia el abuso laboral al que estaba siendo sometido. El empresario, al contratar a trabajadores en situación irregular, no cumplía con sus obligaciones legales, como el pago de salarios justos o las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que le permitía obtener un ahorro económico significativo a costa de los derechos de sus empleados.
La Policía Nacional procedió a la detención del propietario de la empresa por su presunta implicación en un delito contra los derechos de los trabajadores. Todas las actuaciones relacionadas con el caso fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Elche, donde se tomarán las medidas legales correspondientes.
Este caso subraya la importancia de las inspecciones y controles por parte de las autoridades para garantizar que las empresas cumplan con la legislación laboral y protejan los derechos de los trabajadores, especialmente de aquellos en situación más vulnerable.
