Mazón evita entregar su geolocalización y genera dudas sobre su paradero durante la alerta por la DANA
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no se encontraba presente en el CECOPI en el momento en que se emitió la alerta tardía a la población valenciana el pasado 29 de octubre a las 20:11 horas, debido a la DANA. Ahora, la oposición exige transparencia sobre su paradero y denuncia que Mazón se niega a facilitar su geolocalización en la investigación judicial.
Tanto el PSPV como Compromís, a través de sus representantes José Muñoz y Joan Baldoví, han criticado duramente la falta de respuesta del presidente de la Generalitat, calificando su actitud de «insulto a las víctimas». Compromís ya solicitó el 14 de noviembre una copia detallada de cualquier servicio, informe o documento que reflejara la actividad de Mazón durante el día de la catástrofe, mientras que el PSPV hizo la misma petición el 27 de diciembre.
Falta de transparencia en la respuesta de Presidencia
En respuesta a estas exigencias, la Presidencia de la Generalitat ha entregado únicamente un informe sobre los servicios de escolta de Mazón, señalando que el 29 de octubre trabajaron desde las 08:00 hasta las 02:00 de la madrugada del día siguiente, sin aportar detalles adicionales sobre su ubicación exacta.
Desde el PSPV, consideran esta respuesta «una vergüenza, una burla y un insulto a las víctimas», en palabras de Muñoz, quien también ha subrayado que «Mazón no puede esconderse tras excusas cuando hay 227 fallecidos sobre su conciencia». Además, ha denunciado que la única contestación a la solicitud de geolocalización ha sido que «Mazón no dispone de un teléfono personal».
Por su parte, Baldoví ha señalado que el presidente «probablemente estuvo donde no debería» y ha recordado las palabras de la jueza de Catarroja que investiga el caso, quien ha afirmado que «la competencia era autonómica y la responsabilidad recae sobre Mazón».
La postura del Partido Popular
Frente a estas acusaciones, el Partido Popular ha reiterado su versión de los hechos, aludiendo a un «apagón informativo» por parte de quienes debían alertar sobre la crecida del barranco del Poyo. Según argumentan, «la geolocalización del ‘president’ no cambiaría la inexistencia del sistema de alertas tempranas, que fue aprobado un mes después por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)».
La falta de claridad sobre el paradero de Mazón en un momento clave sigue generando controversia, mientras la oposición insiste en la necesidad de esclarecer su papel durante la emergencia y de asumir las responsabilidades que correspondan.
Paco Ciclón / AFPRESS
