- Cada euro que se gasta o se invierte en este Ayuntamiento está sometido a todos los controles que exige nuestro ordenamiento jurídico”, explica Carlos González, acompañado por los concejales Héctor Díez, Ramón Abad y Patricia Maciá
- El servicio de DYA para discapacitados, los vales de comedor o las compras de mamparas, mascarillas y gel por la pandemia son algunos ejemplos en los que se ha levantado el reparo para poder prestar el servicio
- Entre 2019 y 2020 se tramitaron 21.558 facturas en el Ayuntamiento ilicitano que han recibido solo 60 reparos
El alcalde de Elche, Carlos González, acompañado por el portavoz del Gobierno, Héctor Díez; el portavoz adjunto, Ramón Abad; y la concejala de Gestión Financiera, Patricia Maciá; ha calificado esta mañana la gestión del Equipo de Gobierno Municipal como “intachable ética y jurídicamente” en relación con la denuncia presentada por el PP ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante.
“Quiero poner de manifiesto con toda solemnidad que la actuación del Gobierno Municipal en la gestión económica es intachable desde el punto de vista ético y jurídico, estricta y rigurosa, y que cada euro que se gasta o se invierte en este Ayuntamiento está sometido a todos los controles jurídicos que exige nuestro ordenamiento, es decir, conforme a derecho”, ha indicado Carlos González, quien ha precisado que “la gestión económica también está sometida a la más absoluta transparencia y control político, y ello por voluntad expresa de este gobierno”.
El regidor ilicitano ha ofrecido amplia información y varios ejemplos sobre los procesos de contratación en el Ayuntamiento, ha considerado absurdo no levantar reparos que están justificados y ha recordado que “el PP, por lo que ha trascendido por los medios de comunicación, ha presentado una denuncia sustentada en 38 reparos correspondientes a 2019 y 22 a 2020. Tengo que decir que en base a una información suministrada por el propio Gobierno Municipal debido a su transparencia”.
Según los datos ofrecidos por el alcalde, en 2019 se tramitaron en el Ayuntamiento ilicitano 11.690 facturas y en 2020, 9.868, por lo que suman en los dos ejercicios 21.558 facturas que han recibido 60 reparos.
“Un reparo -explica González- es un elemento importante a la hora de tomar en consideración la denuncia del PP y su gravedad. Un reparo es el desacuerdo del interventor con el fondo o la forma de un expediente motivado en una norma jurídica. Hay que saber dos cosas, el reparo no prevalece sobre las decisiones de los órganos de Gobierno, sino que plantea una discrepancia motivada y la ley faculta al alcalde para poder levantarlo con argumentos. Es una circunstancia prevista en la legislación y que se resuelve con arreglo a ella”.
Cuentas auditadas
“Las cuentas municipales están auditadas por el Tribunal de Cuentas, entre ellas las de 2019, y las de 2020 lo estarán una vez que se apruebe de inmediato la Cuenta General correspondiente. El Tribunal de Cuentas controla de forma escrupulosa la actividad económica de los municipios españoles. Y las cuentas de 2019 fueron auditadas sin ninguna observación relevante por parte de dicho Tribunal. Las de 2020 se remitirán una vez se apruebe la referida Cuenta General”, ha señalado el responsable del Equipo de Gobierno.
“Cada año se eleva al Tribunal de Cuentas, y este Ayuntamiento cumple rigurosamente con esta obligación, un informe resumen de los reparos que se efectúan anualmente, y se trasladan, expediente a expediente, todas las circunstancias que tienen que ver con dicho reparo y el Tribunal actúa en consecuencia”, ha aclarado González.
El regidor ilicitano ha precisado que “si el Tribunal de Cuentas hubiera advertido alguna práctica irregular con relevancia penal en los reparos del ejercicio de 2019 puestos de manifiesto por el PP, evidentemente hubiera deducido las acciones legales correspondientes, algo que no se ha producido”.
Carlos González ha puesto varios ejemplos sobre los expedientes en los que están los 38 y 22 reparos que constan en la denuncia del PP y ha explicado con precisión las distintas situaciones que se producen y que justifican que se levanten para poder prestar servicios esenciales cuya paralización supondría un serio perjuicio para la ciudadanía.
Ejemplos
“Entre 20219 y 2020 hay algunos reparos a facturas emitidas por el Servicio de Comedor Social que se presta en el barrio de Palmerales, cuyo contrato en vigor finalizó y la empresa continuó prestando el servicio. Hasta que se formaliza un nuevo contrato, los departamentos municipales de Contratación y de Bienestar Social elaboran los pliegos de condiciones administrativas y técnicas (hay veces en las que se dan circunstancias que hacen que no haya una sucesión inmediata del contrato que finaliza y el que comienza), y en ese ínterin se pagan facturas, que son objeto de reparo. El interventor pone de relieve que no hay un contrato en vigor, que ha expirado, pero, al mismo tiempo, en el levantamiento del reparo se deja constancia de que había un contrato inicial, de que se está pagando en virtud de ese contrato y que se está tramitando la nueva licitación”, explica el alcalde.
“Si no se levanta el reparo ocurriría que no se pagaría la factura a alguien que está prestando un servicio, lo cual sería una irregularidad manifiesta. Creo que está claro, más que una irregularidad podría ser constitutivo de un delito. En segundo término, ¿qué podría ocurrir si no se paga? Que se suspenda la prestación del servicio, ante lo cual estaríamos generando un perjuicio a los destinatarios del mismo”, ha precisado el regidor.
Otros ejemplos puestos por el alcalde son el Servicio de Respìro Familiar llevado a cabo por DYA con niños discapacitados; facturas del albergue de personas sin hogar que hubo que montar como consecuencia de la pandemia; facturas de limpieza de los colegios mientras estaba en trámite la contratación del nuevo pliego; facturas relacionadas con los desperfectos ocasionados por el temporal Gloria debido a la urgencia de reparación; compra de mascarillas, gel y mamparas por el Covid 19 debido a la urgencia por la pandemia; o vales de alimentación que no hubieran llegado a sus destinatarios si no se levanta el reparo.
“Esto es poner de relieve las circunstancias a las que se enfrenta el Gobierno Municipal, con el alcalde a su cabeza, cuando tiene que levantar un reparo. Y se hace de forma justificada, argumentada en derecho y en la necesidad social de seguir prestando el servicio. Aquí los reparos no tienen que ver con los fraccionamientos de contratos fraudulentos que se pueden estar dando en otras administraciones”, ha manifestado Carlos González.
Reparos justificados
“Creo que los reparos puestos de manifiesto en la denuncia del PP, como les he indicado, están todos justificados desde el punto de vista jurídico y material. Otros contratos que han general reparos o los están generando son el servicio municipal de telecomunicaciones, de una complejidad técnica extraordinaria, que es absolutamente imprescindible que se siga prestando. Entre la expiración del contrato y la nueva licitación hay decenas de facturas. No pagar al suministrador significaría dejar un servicio esencial para la comunidad”, ha dicho el responsable del Equipo de Gobierno.
“¿Qué se hace?”, se pregunta González: “Evidentemente, levantar el reparo”.
“¿Son los reparos algo que solo ocurre en el Ayuntamiento de Elche o se produce con normalidad en las administraciones locales? Está previsto en la ley y estoy convencido de que con el grado de complejidad que tiene la contratación pública, máxime desde la última reforma de la Ley de Contratos del sector público, todas las administraciones locales se encuentran con incidencias en la contratación que les obligan a mantener servicios con contratos expirados”, ha señalado el alcalde.
Carlos González pone otro ejemplo. “Respecto al servicio de limpieza que acabamos de adjudicar, la voluntad municipal hubiera estado en hacer coincidir el fin del contrato con el inicio del nuevo. Pero ha habido incidencias por reclamaciones de terceros. Y en este tiempo, ¿dejamos de prestar un servicio donde trabajan 350 empleados que tienen que cobrar todos los meses?”.
“Estos reparos han sido llevados por el PP a la Fiscalía Anticorrupción planteando un posible delito de prevaricación por parte de este Gobierno. En esos 60 repasos están estos. ¿Se dan cuenta del absurdo que representaría no levantar reparos que están justificados? Fraccionamiento de contratos no tiene nada que ver con las situaciones que acabamos de describir. El fraccionamiento lo que pretende eludir es la contratación y la publicidad.
