La concejalía de Acción Social de Elche ha lanzado un ambicioso plan de acción destinado a reducir las largas listas de espera en los servicios de Dependencia y Renta Valenciana de Inclusión (RVI). La edil del área, Celia Lastra, ha anunciado este plan con el compromiso de abordar un problema estructural heredado y garantizar una respuesta efectiva a las necesidades de la ciudadanía.
Conscientes de la importancia de estos servicios para la comunidad, el Ayuntamiento de Elche ha diseñado diversas estrategias para agilizar las listas de espera. Una de las medidas destacadas es el refuerzo en el trabajo de valoración de las solicitudes de Dependencia, mediante la contratación temporal de tres trabajadores sociales adicionales, sumando así un total de nueve profesionales dedicados a esta labor durante al menos seis meses.
Actualmente, el número de solicitudes iniciales para valorar el grado de dependencia asciende a 183 al mes, con expedientes que presentan un retraso de hasta un año en su resolución, dejando pendientes un total de 2006 solicitudes. Para hacer frente a esta situación, se busca acelerar el proceso de valoración y reducir significativamente el tiempo de espera para los solicitantes.
En cuanto a la Renta Valenciana de Inclusión, se ha anunciado un refuerzo en la labor administrativa con servicios extraordinarios para agilizar la tramitación de la prestación económica. Además, se ha reagrupado al personal destinado a esta tarea en el Centro Social Salvador Allende, con el objetivo de optimizar los recursos y homogeneizar los criterios de evaluación.
Desde 2017, se han presentado un total de 6.250 solicitudes de Renta Valenciana de Inclusión en Elche, con una media mensual de 80 solicitudes, de las cuales se han resuelto 5.565. Sin embargo, aún quedan 629 solicitudes nuevas pendientes de tramitación, con un retraso de hasta un año en su resolución.
La edil Celia Lastra ha enfatizado la importancia de estas medidas para poner al día las listas de espera, conforme a lo estipulado por la ley, con un plazo de tramitación municipal de tres meses y otros tres meses para la resolución por parte de la Conselleria. Además de estas acciones, se ha contratado personal estable para apoyar la tramitación de los programas de Dependencia y RVI, y se ha completado la reorganización de los servicios sociales para garantizar una atención más eficaz a los ciudadanos.
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