La investigación, que duró más de dos años, resultó en la detención de 110 personas y la incautación de casi un millón de euros
14/06/2024
La Policía Nacional, a través de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante, ha desmantelado una trama criminal dedicada a la regularización fraudulenta de extranjeros mediante la confección de falsos contratos de trabajo. La investigación, que se prolongó durante dos años y medio, ha culminado con la detención de 110 personas.
El entramado criminal cobraba grandes sumas de dinero a ciudadanos extranjeros en situación irregular para proporcionarles contratos de trabajo ficticios y darlos de alta en la Seguridad Social, permitiéndoles así solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, específicamente arraigo social.
La investigación comenzó a principios de 2022, cuando un ciudadano argelino denunció haber pagado 3.500 euros a un «empresario» para obtener un contrato de trabajo ficticio. Esta denuncia llevó a la identificación de al menos otras cuatro víctimas, todas de origen argelino, que también pagaron por contratos fraudulentos.
El cabecilla de la organización resultó ser un varón español de 74 años, quien, en connivencia con los administradores de varias empresas, vendía contratos falsos por entre 1.000 y 6.000 euros a personas extranjeras en situación irregular. La organización también incluía a intermediarios extranjeros encargados de captar a las víctimas.
La Policía Nacional analizó más de 150 expedientes relacionados con la organización criminal, descubriendo que los contratos utilizaban direcciones falsas o inexistentes, como locales abandonados y descampados. Este hallazgo confirmó la ilegalidad de las contrataciones.
El modo de proceder de la organización fue meticulosamente documentado por los agentes, quienes procedieron a la primera fase de detenciones en agosto de 2023, continuando con más arrestos en los meses siguientes. En total, se detuvieron a 110 personas, 83 hombres y 27 mujeres, quienes enfrentan cargos por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental, estafa, fraude a la Seguridad Social y delito contra la seguridad vial. También se investigan ocho empresas utilizadas para las contrataciones fraudulentas, deteniéndose a nueve de sus administradores.
Los detenidos son originarios de varios países, incluyendo Argelia, Marruecos, España, Colombia, Ecuador, Bangladesh y Polonia. Se calcula que el beneficio total obtenido por la organización asciende a casi un millón de euros (980.000 euros).
El entramado criminal aprovechaba la desesperación de los inmigrantes que buscaban regularizar su situación en España, enriqueciéndose a su costa. Los juzgados de instrucción de Alicante están a cargo de las diligencias judiciales derivadas de esta operación.
