Las formaciones locales de Unidas Podemos en Elche han presentado una moción, a través de instancia en la OMAC, para reclamar al ayuntamiento que apoye la reforma de la ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”, para establecer un marco jurídico adecuado que proteja la seguridad de la ciudadanía y garantice de forma efectiva el libre ejercicio de derechos y libertades, plasmando en la ley el compromiso con la ciudadanía de nuestro país en el establecimiento de una democracia avanzada.
La actual ley fue probada en el Congreso de los Diputados con el único apoyo del Partido Popular, entonces en el Gobierno, tras varios años de crisis económica y como reacción a la irrupción del movimiento 15-M, que generó manifestaciones en contra de los recortes en los principales pilares del Estado de bienestar como la sanidad, la educación y los servicios sociales.
La norma aprobada por el PP recrudecía las prohibiciones para las manifestaciones no autorizadas y responsabilizaba de los daños a los convocantes, al tiempo que incrementaba el coste mínimo de las infracciones reconocidas.
Desde entonces han sido numerosas las organizaciones e instituciones que trabajan para preservar los Derechos Humanos que ha señalado la norma como un notable retroceso en materia de derechos y libertades civiles. En cuanto a los efectos que ha tenido, según datos del Ministerio del Interior, la cuenta de resultados de la Ley Mordaza en los seis años que lleva en vigor muestra que se han practicado más de 1,3 millones de sanciones, lo que se traduce en una cantidad total superior a los 800 millones de euros.
Unidas Podemos lleva desde el año 2016 impulsado en el Congreso la modificación de esta ley, para establecer un marco legal en el que la salvaguarda de la seguridad ciudadana sea entendida como el pleno disfrute de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por la ciudadanía y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales a la intimidad, libertad de expresión, información, reunión y manifestación, introduciendo en la norma los cambios necesarios para acabar con los artículos que disuaden de ese pleno ejercicio por parte de la ciudadanía y colectivos específicos, como el de los periodistas e informadores.
Así, se pretende que no se sancione el mero ejercicio pacífico del derecho de reunión ni la grabación de imágenes de los agentes de la policía y asegurar que la actuación de la policía se guiará en todo momento por un enfoque de derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y la utilización de material antidisturbios, en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables, como las pelotas de goma.
La intención es adecuar las actuaciones policiales a las indicaciones, criterios y prevenciones recomendadas por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales, de tal forma que las relaciones entre agentes de la autoridad y ciudadanía se rijan por los principios de confianza, servicio público, seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad.
Otro de los cambios se orienta a reducir el número de sanciones establecidas en la norma, eliminando aquellas que son arbitrarias o buscan reprimir el ejercicio de derechos fundamentales y aminorando aquellas que actualmente resultan desproporcionadas, como las relativas al consumo de cannabis.
Además se trabaja para reducir la cuantía de la sanciones, estableciendo criterios claros a la hora de reducir el importe de las sanciones en función de la capacidad de pago de las personas afectadas, de tal forma que paguen más quien más tienen.
En este contexto, Podemos y Esquerra Unida han presentado una moción para apelar al Gobierno central para que impulse el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Consejo de Europa, la Comisión Europea y otras organizaciones internacionales respecto a la adecuación de la legislación de seguridad ciudadana a los estándares avanzados de calidad democrática, así como a introducir en la Ley las modificaciones necesarias para corregir los supuestos de inconstitucionalidad indicados por el Tribunal Constitucional.
Asimismo, emplaza al consistorio a apoyar la pronta tramitación parlamentaria de la reforma de la ley mordaza e insta a reprobar la instrumentalización que, por parte de sectores contrarios a las recomendaciones de las instituciones europeas, se está realizando en contra de la modificación de la actual ley de seguridad ciudadana, tratando de romper la necesaria neutralidad de los cuerpos policiales que precisa un Estado de derecho democrático.
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